La nueva Constitución correntina incorporó desde el 10 de junio un discutido artículo 61 que dice así: "Corresponde al Gobierno de la Provincia mantener la integridad del territorio provincial. El Estado Provincial propenderá a establecer incentivos con el fin de mantener la propiedad de los bienes inmuebles ubicados en zonas de seguridad o en áreas protegidas o que constituyan recursos estratégicos, en manos de habitantes argentinos nativos, o del propio Estado Provincial o de los municipios. Los extranjeros sin residencia permanente, las sociedades conformadas por ciudadanos o capitales foráneos y las sociedades sin autorización para funcionar en el país, no pueden adquirir inmuebles en las zonas determinadas en el párrafo precedente, con excepción de los extranjeros que acrediten residencia legal conforme a la ley."
El ingreso forzado e ilegal de un funcionario público en la propiedad de un ciudadano norteamericano en la provincia de Corrientes mereció una dura crítica desde la columna editorial del diario La Nación. La acción no se limitó, sin embargo, a ese episodio, sino que se extendió a la presentación de un proyecto de ley de expropiación en un acto político cargado de ingredientes ideológicos, expresiones xenófobas y alegatos que deberían formar hoy parte más de la arqueología política que de una acción legislativa moderna y seria. Entre las frases escuchadas en ese acto se reiteró: "Ahora vienen por el agua".
Aludía a la presunta intención del propietario extranjero de llevarse el agua de los esteros del Iberá o del acuífero Guaraní. El alegato de fuerte estilo conspirativo no deja de ser convocante para mucha gente proclive a aceptar estas teorías, creyendo que nuestros males derivan de la apropiación extranjera de nuestras riquezas.
Pero un análisis racional, apoyado en elementos técnicos y económicos simples, permite rechazar semejante fantasía. Es cierto que en muchas partes de nuestro planeta el agua potable es un recurso escaso y limitante. Hay enormes desiertos y en muchos países se debe transportar el agua a grandes distancias o incluso obtenerla mediante costosos procesos de desalinización. Pero también en el otro extremo hay países y poblaciones que disponen de agua dulce abundante y excedente, sin ninguna posibilidad de utilizarla en su totalidad y que dejan que fluya hacia el mar. El Río de la Plata es uno de estos casos. Alrededor de 35.000 metros cúbicos de agua se vuelcan por segundo en forma continua al océano Atlántico. Es el agua que tomamos en Buenos Aires y en todas la ciudades cercanas a los ríos de su cuenca. Con un tratamiento muy simple y económico de decantación de sólidos en suspensión y una ligera cloración, el agua extraída del río se convierte en límpida y apta para ser bebida. Si alguien quisiera llevarse agua, no tendría ninguna necesidad de llegar a los esteros del Iberá y menos aún bombearla desde el acuífero Guaraní con el costo de energía que ello implica. Sería suficiente abrir las esclusas de un buque tanque estacionado en el Río de la Plata. La clarificación del líquido podría hacerse en el mismo barco o en el destino elegido. Si la Argentina pudiera por ello cobrar algún derecho, por mínimo que sea, tendría la oportunidad de una exportación enormemente atractiva e inagotable.
El agua que vuelca al mar el Río de la Plata alcanzaría para el consumo de tres veces la población mundial a un promedio de 200 litros por habitante y por día. Un cálculo similar resultaría del Amazonas, el Mississippi u otros ríos importantes. Pero no tiene sentido aún ilusionarse con esa posible exportación. Salvo pocas situaciones en el mundo, todavía los fletes marítimos y los costos alternativos no hacen lugar al transporte de agua a larga distancia.
Puede que en un futuro esa posibilidad se abra en beneficio de aprovechar ese recurso que hoy desperdiciamos. Pero debemos estar seguros de que no tiene sentido preocuparse por la posibilidad de que alguien se lleve nuestros acuíferos, esteros, lagos o lagunas. Desde el punto de vista jurídico, no debería ignorarse, además, que las aguas del acuífero Guaraní, como aguas subterráneas, constituyen bienes públicos del Estado nacional o privincial, según el caso, y que su uso se encuentra sujeto a los permisos que éste otorga. De lo que sí debemos ocuparnos es de evitar su contaminación y propender a su conservación y uso racional. Es aquí donde los argentinos exponemos una historia que no nos califica precisamente bien. Menos aún nos otorga autoridad para avanzar sobre la propiedad de un extranjero, por demás conocido por sus propósitos conservacionistas, con el argumento de que "ahora vienen por el agua".
Para los que quieran conocer acerca del acuífero, les dejo este link: http://www.prodiversitas.bioetica.org/des47.htm
Agregado:
Que no se malinterprete el post. Estoy convencido que la defensa de la soberanía se hace desde la educación primaria, inculcando el sentimiento de Nación Argentina. Los recursos naturales y estratégicos de la Nación son indelegables. No hay posibilidad que ninguna tierra en manos de extranjeros pueda significar la pérdida de la soberanía. Conozco muy de cerca la idisioncracia correntina, no por nada no han dejado que colonias de inmigrantes se asentaran en su provincia, a diferencia del resto de la mesopotamia y la Nación.
