Greenpeace denuncia un basural a cielo abierto sobre el Riachuelo.

Habrìa amianto, una sustancia altamente cancerígena. La empresa responsable y la omisión de ACUMAR.

Un basural a cielo abierto de amianto (asbesto), una sustancia altamente cancerígena y prohibida en 52 países incluido en la Argentina, puso en alerta a la localidad de González Catán, en la Cuenca del Riachuelo, y motivó una denuncia judicial por parte de funcionarios locales y de organizaciones ambientalistas.

Se trata de residuos de asbestos esparcidos en forma ilegal por la empresa Eternit S.A. en un terreno de esa localidad de La Matanza, informaron desde la ONG Greenpeace, que ayer desplegó en el lugar un cartel gigante para alertar a la población y a las autoridades. A ello, sumaron una denuncia judicial contra la empresa junto con el concejal de La Matanza Edgardo Lobos, con el patrocinio del abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).

"Este basural tóxico evidencia una vez más que la calamitosa situación ambiental y social de la cuenca, no se reduce únicamente a la contaminación de los cursos de agua del Riachuelo, sino que se expande sobre todo el territorio afectando la salud y calidad de vida de la población", manifestó Consuelo Bilbao, coordinadora de la Campaña Riachuelo de Greenpeace.

De acuerdo al informe "Residuos de Asbestos en la Cuenca Matanza Riachuelo" presentado por los ambientalistas, los residuos de asbestos se encuentran esparcidos en un terreno de González Catán sin ninguna medida de seguridad y control a escasos metros de zonas urbanas.

El documento sostiene que la empresa Eternit fabricó productos de fibrocemento con fibras de asbesto hasta 2003, cuando se prohibió su uso, y que estos residuos fueron dispuestos a partir del año 1998, cuando la entonces Secretaría de Política Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (actual Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), autorizó el predio para la construcción de una celda de seguridad.

"El predio poco se asemeja a una celda de seguridad. No cumple con la señalización exigida para residuos peligrosos, ni con la franja perimetral que se establece por Ley, tampoco cumple con la cubierta reglamentaria para aislar los residuos del ambiente. Es escandaloso como han dejado estos residuos altamente peligrosos”, expresó Felix Cariboni, integrante de la Campaña Riachuelo de la organización.

Por su parte, el abogado de AAdeAA manifestó que "la empresa Eternit S.A. debe sustentar los gastos que resulten necesarios para el desarrollo de las acciones de recomposición del daño ambiental colectivo generado". Y destacó: "Resulta evidente la arbitraria omisión en el ejercicio del poder de policía por parte de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, la ACUMAR, que surge tanto de las facultades que emanan de la Ley 26.168 que la crea, como de la sentencia del 8 de julio de 2008 de la Corte Suprema".

Los ambientalistas reclaman a Eternit S.A. que tome de modo urgente todos los recaudos y las medidas necesarias para disponer de manera segura los residuos de asbesto y que remedie totalmente el pasivo ambiental del predio de González Catán. Además, exigen a la ACUMAR, responsable del saneamiento del Riachuelo, que verifique y controle que Eternit implemente todas estas medidas.

Fuente: Perfil.com

La Corte pide informes sobre el Riachuelo.

El máximo tribunal les dio 15 días a la Nación, la Ciudad y Provincia de Buenos Aires para que detallen las acciones para el saneamiento.

Descontrol. Unos cinco millones de habitantes viven en las márgenes del contaminado Riachuelo.

Las tareas de saneamiento al Riachuelo, que hace más de un año y medio ordenó la Corte Suprema de Justicia, no se cumplen. Por eso, el máximo tribunal decidió ayer intimar al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a presentar un informe sobre el grado de ejecución del plan. Los jueces temen que los fondos que ya fueron designados para los distintos trabajos de limpieza de la cuenca caigan en saco roto. El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema dictó un fallo histórico. La resolución determinó la responsabilidad de los tres estados respecto de la prevención y recomposición ambiental del contaminado Riachuelo y estableció un programa de políticas públicas con acciones y plazos específicos.

Los tiempos se vencieron y los objetivos que fijó la sentencia, cuando avanzan, lo hacen en cámara lenta. El fallo de 2008 también puso en manos del juez federal de Quilmes, Luis Armella, el control de la ejecución de la sentencia. Ante los innumerables incumplimientos de parte de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y de los gobiernos implicados, el magistrado aplicó multas a distintos funcionarios. Sin embargo, las sanciones no modificaron el rumbo de acción oficial.

Ante la gravísima situación que afecta a unas 5 millones de personas que habitan alrededor de la cloaca a cielo abierto, la Corte decidió dar un nuevo paso. “No queremos declaraciones abstractas, queremos que nos digan concretamente qué se ha cumplido hasta aquí y por qué se han demorado las obras si el dinero del Banco Mundial está disponible”, definió un juez. El fallo establece concretamente que, en un plazo de 15 días, Acumar, la Nación, la Provincia y la Ciudad deberán presentar un informe “sobre el íntegro y fiel cumplimiento de todos los mandatos impuestos en la sentencia, señalando separadamente para cada uno de los objetivos y resultados establecidos, con rigurosa precisión y la utilización de pautas cuantitativas, el grado en que han sido alcanzados al 31 de marzo de 2010”.

Greenpeace –una de las organizaciones que componen el cuerpo colegiado de control del plan– celebró la resolución y recordó que, a más de tres años de creada la Autoridad de Cuenca, “recién a principios de 2010 logró conformar un equipo de 30 inspectores para controlar las más de 4.000 industrias asentadas en la cuenca”. Dos meses atrás, el cuerpo colegiado que también conforma la Defensoría del Pueblo de la Nación y otras asociaciones civiles denunció el incumplimiento del fallo. El informe destacó que, hasta febrero, sólo se había logrado inspeccionar al 20 por ciento de los 4.103 establecimientos relevados por Acumar y que, a ese ritmo, recién para el año que viene se lograría inspeccionar el total de las industrias.
En referencia al saneamiento de basurales, la Autoridad de Cuenca informó ante la Corte que en 2007 existían 105 sitios de acumulación de desperdicios alrededor del Riachuelo, número que, según la denuncia, no sólo no se redujo en estos años sino que además se ha incrementado considerablemente. De acuerdo con los relevamientos de 2009, actualmente existen 171 basurales.

El informe del cuerpo también observó “la demora de las autoridades para tomar medidas concretas conducentes a la relocalización y reconversión industrial del polo petroquímico de Dock Sud, una de las principales fuentes de contaminación de origen industrial en la Cuenca”. Estos puntos incumplidos son algunos sobre los que deberán responder los estados denunciados. Las multas del juez de Quilmes no generaron la reacción de los funcionarios. La Corte ya analiza otras sanciones.

Fuente: Criticadigital.com

Riachuelo: no se cumple con el fallo de la Corte Suprema.

Faltan el cronograma de obras, el control de basurales y los planes de salud. Qué pasa con el crédito del Banco Mundial.

No se conoce con exactitud el número de industrias que contaminan el Riachuelo, ni la cantidad de basurales que siguen acechando sus márgenes, mucho menos se implementaron planes de asistencia de salud para los más de dos millones de personas que viven afectados directamente por su contaminación. Hoy se cumple un año de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los estados nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, y muy poco hicieron para cumplir con los plazos que estableció el máximo tribunal.

En efecto, el 8 de julio del año pasado, la Corte ordenó que la Acumar, Autoridad de Cuenca (constituida por los tres estados implicados y por diversas ONG participantes), que inspeccione, en un plazo de 30 días, todas las empresas de la zona para conocer los afluentes que desechaban en el lugar, al tiempo que estableció un año de plazo para que se encargue de erradicar todos los basurales clandestinos y los asentamientos que los rodean. Pero también debía poner en marcha un plan sanitario y encargarse de la limpieza de sus márgenes y de la realización de obras de agua potable, desagües y cloacas. El único avance hasta el momento es la concesión de un crédito de 850 millones de dólares que el Banco Mundial anunció el mes pasado para su saneamiento, pero que todavía genera dudas acerca de cómo será su utilización.

“Las condiciones para que el Banco Mundial efectivamente realice el desembolso son muy complejas, por lo que el dinero podría estar llegando recién en el próximo gobierno”, sentenció en diálogo con Perfil.com el ex embajador de Asuntos Institucionales Raúl Estrada Oyuela, miembro honorario de la Asociación Vecinos de la Boca, ONG que participa en la Acumar. Y agregó: “El crédito no es cosa inmediata, ni resuelve los temas de hoy”.

Es que, según explica Estrada Oyuela, uno de los destinos del dinero es para la construcción de dos grandes ductos que desemboquen en dos plantas de tratamiento, en Avellaneda y Berazategui, donde sólo se filtrarán los sólidos de las aguas. “El resto de los líquidos cloacales crudos serán eliminados directamente al Río de la Plata, lo cual es motivo de preocupación para las ONG intervinientes y para el mismo banco que otorgó el crédito”, señaló el especialista.

En el mismo sentido se pronunciaron desde Greenpeace, ONG que también interviene como participante civil en Acumar. “Lo peor de todo es que han establecido como uso del río parámetros de contaminantes que sólo generan que no tenga mal olor, mientras que las cloacas en vez de tratarlas van a ser llevadas al Río de la Plata”, señaló Martín Pietro, director ejecutivo de la organización. Y agregó: “A un año del fallo de la Corte aún no se ha terminado de inspeccionar a las más de 4.000 industrias que dicen que hay censadas, no hay metas de reducción progresiva y gradual de los contaminantes del río, no hay provisión de agua potable, no hay sanitario de emergencia para la población que vive alrededor de la cuenca..., en fin, no tienen ni siquiera un mapa para saber dónde están parados”. En efecto, según un censo de Acumar, habrían una 4.100 industrias en los alrededores de la cuenca. Sin embargo, censos anteriores realizados por ONG estimaban más de 10.000.

Mientras tanto, en el marco de los incumplimientos a un año del fallo de la Corte, el juez federal de Quilmes, Luis Armella (designado por el máximo tribunal para controlar las tareas de Acumar), le ordenó a la Autoridad de la Cuenca que presente en 10 días un cronograma oficial para las obras de saneamiento que pretende realizar con el dinero del Banco Mundial, con el correspondiente estudio de impacto ambiental de cada obra. También le ordenó hacer 20 inspecciones diarias (en vez de las tres que informó que venía haciendo) para controlar los basurales clandestinos, y explicar las razones de las demoras en el cumplimiento de las obras que habían sido anunciadas.

“Lo único bueno que se ha observado desde el fallo es el crédito del Banco Mundial y el trabajo del juez Armella que ha mostrado voluntad en tratar este tema. Pero sobre el crédito, si bien dota al Estado de los recursos necesarios para realizar las obras de sanemianto, sino se gestiona adecuadamente va a pasar lo mismo que con el crédito del BID, cuya implementación fue nefasta”, destacó Andrés Napoli, director del Area Riachuelo de FARN, ONG involucrada en el saneamiento de la cuenca.

Fuente: Perfil.com