El máximo tribunal les dio 15 días a la Nación, la Ciudad y Provincia de Buenos Aires para que detallen las acciones para el saneamiento.
Descontrol. Unos cinco millones de habitantes viven en las márgenes del contaminado Riachuelo.
Las tareas de saneamiento al Riachuelo, que hace más de un año y medio ordenó la Corte Suprema de Justicia, no se cumplen. Por eso, el máximo tribunal decidió ayer intimar al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a presentar un informe sobre el grado de ejecución del plan. Los jueces temen que los fondos que ya fueron designados para los distintos trabajos de limpieza de la cuenca caigan en saco roto. El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema dictó un fallo histórico. La resolución determinó la responsabilidad de los tres estados respecto de la prevención y recomposición ambiental del contaminado Riachuelo y estableció un programa de políticas públicas con acciones y plazos específicos.
Los tiempos se vencieron y los objetivos que fijó la sentencia, cuando avanzan, lo hacen en cámara lenta. El fallo de 2008 también puso en manos del juez federal de Quilmes, Luis Armella, el control de la ejecución de la sentencia. Ante los innumerables incumplimientos de parte de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y de los gobiernos implicados, el magistrado aplicó multas a distintos funcionarios. Sin embargo, las sanciones no modificaron el rumbo de acción oficial.
Ante la gravísima situación que afecta a unas 5 millones de personas que habitan alrededor de la cloaca a cielo abierto, la Corte decidió dar un nuevo paso. “No queremos declaraciones abstractas, queremos que nos digan concretamente qué se ha cumplido hasta aquí y por qué se han demorado las obras si el dinero del Banco Mundial está disponible”, definió un juez. El fallo establece concretamente que, en un plazo de 15 días, Acumar, la Nación, la Provincia y la Ciudad deberán presentar un informe “sobre el íntegro y fiel cumplimiento de todos los mandatos impuestos en la sentencia, señalando separadamente para cada uno de los objetivos y resultados establecidos, con rigurosa precisión y la utilización de pautas cuantitativas, el grado en que han sido alcanzados al 31 de marzo de 2010”.
Greenpeace –una de las organizaciones que componen el cuerpo colegiado de control del plan– celebró la resolución y recordó que, a más de tres años de creada la Autoridad de Cuenca, “recién a principios de 2010 logró conformar un equipo de 30 inspectores para controlar las más de 4.000 industrias asentadas en la cuenca”. Dos meses atrás, el cuerpo colegiado que también conforma la Defensoría del Pueblo de la Nación y otras asociaciones civiles denunció el incumplimiento del fallo. El informe destacó que, hasta febrero, sólo se había logrado inspeccionar al 20 por ciento de los 4.103 establecimientos relevados por Acumar y que, a ese ritmo, recién para el año que viene se lograría inspeccionar el total de las industrias.
En referencia al saneamiento de basurales, la Autoridad de Cuenca informó ante la Corte que en 2007 existían 105 sitios de acumulación de desperdicios alrededor del Riachuelo, número que, según la denuncia, no sólo no se redujo en estos años sino que además se ha incrementado considerablemente. De acuerdo con los relevamientos de 2009, actualmente existen 171 basurales.
El informe del cuerpo también observó “la demora de las autoridades para tomar medidas concretas conducentes a la relocalización y reconversión industrial del polo petroquímico de Dock Sud, una de las principales fuentes de contaminación de origen industrial en la Cuenca”. Estos puntos incumplidos son algunos sobre los que deberán responder los estados denunciados. Las multas del juez de Quilmes no generaron la reacción de los funcionarios. La Corte ya analiza otras sanciones.
Los tiempos se vencieron y los objetivos que fijó la sentencia, cuando avanzan, lo hacen en cámara lenta. El fallo de 2008 también puso en manos del juez federal de Quilmes, Luis Armella, el control de la ejecución de la sentencia. Ante los innumerables incumplimientos de parte de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y de los gobiernos implicados, el magistrado aplicó multas a distintos funcionarios. Sin embargo, las sanciones no modificaron el rumbo de acción oficial.
Ante la gravísima situación que afecta a unas 5 millones de personas que habitan alrededor de la cloaca a cielo abierto, la Corte decidió dar un nuevo paso. “No queremos declaraciones abstractas, queremos que nos digan concretamente qué se ha cumplido hasta aquí y por qué se han demorado las obras si el dinero del Banco Mundial está disponible”, definió un juez. El fallo establece concretamente que, en un plazo de 15 días, Acumar, la Nación, la Provincia y la Ciudad deberán presentar un informe “sobre el íntegro y fiel cumplimiento de todos los mandatos impuestos en la sentencia, señalando separadamente para cada uno de los objetivos y resultados establecidos, con rigurosa precisión y la utilización de pautas cuantitativas, el grado en que han sido alcanzados al 31 de marzo de 2010”.
Greenpeace –una de las organizaciones que componen el cuerpo colegiado de control del plan– celebró la resolución y recordó que, a más de tres años de creada la Autoridad de Cuenca, “recién a principios de 2010 logró conformar un equipo de 30 inspectores para controlar las más de 4.000 industrias asentadas en la cuenca”. Dos meses atrás, el cuerpo colegiado que también conforma la Defensoría del Pueblo de la Nación y otras asociaciones civiles denunció el incumplimiento del fallo. El informe destacó que, hasta febrero, sólo se había logrado inspeccionar al 20 por ciento de los 4.103 establecimientos relevados por Acumar y que, a ese ritmo, recién para el año que viene se lograría inspeccionar el total de las industrias.
En referencia al saneamiento de basurales, la Autoridad de Cuenca informó ante la Corte que en 2007 existían 105 sitios de acumulación de desperdicios alrededor del Riachuelo, número que, según la denuncia, no sólo no se redujo en estos años sino que además se ha incrementado considerablemente. De acuerdo con los relevamientos de 2009, actualmente existen 171 basurales.
El informe del cuerpo también observó “la demora de las autoridades para tomar medidas concretas conducentes a la relocalización y reconversión industrial del polo petroquímico de Dock Sud, una de las principales fuentes de contaminación de origen industrial en la Cuenca”. Estos puntos incumplidos son algunos sobre los que deberán responder los estados denunciados. Las multas del juez de Quilmes no generaron la reacción de los funcionarios. La Corte ya analiza otras sanciones.
Fuente: Criticadigital.com
